El nuevo emplazamiento en El Hierro para la acogida de personas migrantes vulnera los derechos humanos

La acogida en El Hierro, un ejemplo de como el negocio de la acogida de las personas migrantes, a pesar de mover millones de euros, sigue vulnerando los derechos humanos. 

La Isla de El Hierro recibe varias embarcaciones cargadas de personas migrantes casi todas las semanas, la mayoría de ellas provenientes de las rutas más largas y peligrosas que arrancan de Mauritania, Senegal y otros países más al sur. La Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, tras el confinamiento, denunció la situación de encierro durante meses de las personas migrantes llegadas a El Hierro, así como problemas administrativos que les impedían continuar su viaje. A día de hoy parece que los problemas administrativos se han resuelto y que se había logrado ubicar el centro de atención temporal de inmigrantes en un emplazamiento adecuado, un antiguo convento en La Frontera. 

El CATI del convento de Frontera, gestionado por Cruz Roja, fue acondicionado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que es la responsable de estas instalaciones, pues en teoría este centro tiene la función de CATE y de centro de cuarentena a la llegada. Tras aplicar el protocolo COVID, las personas que llegan a las costas de El Hierro permanecen encerradas mas allá de las 72h que determina la ley. La excusa utilizada es la del mantenimiento de la cuarentena hasta que son trasladadas a otros recursos de acogida en las islas, lo que suele tardar dos o tres semanas en este momento. 

Ahora nos llega la noticia que el propietario del edificio no va a renovar el contrato con el SCS, por lo que el Cabildo, tras intentar que el gobierno del estado ofreciera alguna alternativa, ha decidido trasladar el CATI a San Andrés, una de las zonas más húmedas y ventosas de la isla. Para ello se ha instalado una gran carpa en un polideportivo sin techo que hay en el pueblo, dónde en breve serán trasladas todas las personas migrantes que lleguen por mar a la isla. Se demuestra una vez más la incapacidad de las instituciones implicadas, en buscar soluciones estables de acogida que garanticen los derechos de las personas migrantes, a pesar de los millones de euros que mueve el negocio de la acogida. 

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del señor Escrivá, el importe total del Plan Canarias para dotar a las islas de 6450 plazas estables de acogida ascendió a 84 millones de euros, la mayoría financiados por fondos europeos y adjudicados a la empresa TRAGSA. Estas plazas estarían repartidas en las instalaciones adaptadas para la acogida de El Matorral en Fuerteventura (700), Las Raíces y Las Canteras en Tenerife (2600) y Colegio León, Canarias 50 y Nave de Bankia en Gran Canaria (2050). A estas, se sumarían las 1100 plazas en otras instalaciones que ya existen en las islas. La última cantidad recibida por TRAGSA para dotar las plazas de acogida de los servicios necesarios para su funcionamiento (seguridad, limpieza y catering) fue de 51 millones para un período de 1 año. Paralelamente el Ministerio de Inclusión mantiene contratos para la gestión de las plazas de acogida en las islas con distintas ONG como CRE, ACCEM, OIM, Cruz Blanca o CEAR por valor de decenas de millones de euros según se puede leer en la prensa. A estos, tendríamos que sumar el coste del sistema de acogida de menores en las islas del que solo sabemos que la Consejería de Derechos Sociales recibió 10 millones extraordinarios a principios de año para este fin. Por su lado, el Ministerio del Interior destina también millones a la acogida en los CATE y CIE que hay en las islas. 

El detalle de todas estas partidas presupuestarias, así como el monto total de los fondos destinados a la acogida de personas inmigrantes en las islas es difícil de establecer ante la falta de datos y de transparencia de las administraciones involucradas.

Lo que es indudable es que la acogida de inmigrantes es un negocio que mueve millones de euros, dinero que termina en ONG y empresas de servicios que se lucran de este modo de las rutas migratorias inseguras y del sufrimiento de quienes migran. El paradigma de las Migraciones con la idea de defender las fronteras contra los empobrecidos del mundo no hace más que añadir sufrimiento y alimentar el tráfico con seres humanos. Proponemos el paradigma de la MOVILIDAD HUMANA, que aborde el tema desde la búsqueda de soluciones a nivel global. Los flujos migratorios se gestionan, no se pueden prohibir, sin agredir y atropellar los derechos de todos los humanos. 

Desde la Red Interinsular Migrar (*) denunciamos el empeoramiento de las condiciones de acogida para las personas que transitan por El Hierro y exigimos un trato digno y con derechos para todas las personas que migran, y que cesen las políticas institucionales racistas que posibilitan el trato denigrante a seres humanos que se ven obligados a emigrar de sus países de origen a causa del capitalismo extractivista que los convierte en inhabitables. 


(*) La Red Interinsular Migrar está formada por colectivos y organizaciones de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y Tenerife que trabajan apoyando las luchas de las personas migrantes que llegan por mar a las islas.

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